Supongamos que tenemos a un varón español, de 33 años, soltero y sin hijos. Vive en Andalucía y paga un alquiler de 350€ al mes. Por convenio cobra 1.000€ brutos al mes en 14 pagas, es decir, 14.000€ brutos al año.
Metemos los datos de este trabajador en el programa PADRE y calculamos las cuotas que debe pagar a la Seguridad Social (S.S.). Como resultado, este individuo tiene que abonar un total de unos 1.000€ entre aportaciones e impuestos a Hacienda y la Seguridad Social por diversos conceptos como, el IRPF, seguro de desempleo, seguro de formación y asistencia sanitaria.
Si al sueldo bruto le sumamos la cuota patronal a la S.S. y demás gastos laborales, el empresario que le contrate tendrá que soportar un coste laboral de unos 15.400€.
Supongamos ahora que tenemos a un inmigrante varón de similares características al español en cuanto a edad, estado civil y lugar de residencia. La única diferencia es que dicho trabajador se encuentra en situación irregular, es decir, no tiene permiso de residencia ni de trabajo.
Un “empresario” explotador opta por dar trabajo al inmigrante “sin papeles”, al que pagará 700€ al mes. En total le abonará 8.400€ al año. Teniendo en cuenta los datos anteriores, la diferencia de coste laboral que genera este inmigrante respecto a un trabajador con contrato en regla (es decir, cumpliendo con las condiciones del convenio colectivo expuesto en el primer párrafo) es de unos 7.000€ anuales.
Imaginemos que este empresario emplea a dos inmigrantes en situación irregular, pagándoles a cada uno 700€ al mes. Las matemáticas son sencillas: al año se ahorrará 14.000€. Con este dinero podrá comprarse, cada siete años, un coche de gama alta por un importe aproximado de 70.000€ (como el de la foto) y una embarcación para salir a pescar de vez en cuando, de unos 30.000€.
Dejemos la ficción y pasemos a la realidad. Mientras que las urgencias y otros servicios hospitalarios se ven desbordados, numerosos “emprendedores” van luciendo palmito en sus flamantes cochazos y se llevan a sus amiguetes, en sus super lanchas, a pescar unas sardinas. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que, si se abonasen las cuotas y los impuestos correspondientes a todos los trabajadores sin contrato en regla, habría muchos más recursos para la Hacienda Pública y Seguridad Social. Con este incremento de ingresos, se podrían poner en marcha numerosos proyectos que mejorarían sensiblemente la calidad de la atención sanitaria.
En mi opinión, los inmigrantes en situación irregular no son los responsables del progresivo deterioro de las prestaciones sociales en España. Estas personas llegan a España con la intención de conseguir un empleo digno que les permita mejorar su calidad de vida, no para enriquecer a cuatro listillos. Si se cumpliera la Ley y todos los empleados tuvieran un contrato en regla, el día que de verdad se acabara el trabajo en España dejarían de llegar inmigrantes, puesto que les sería imposible ganarse la vida. Los verdaderos culpables de esta situación son los empleadores sin escrúpulos, que no hacen sino robar a toda la sociedad cuando contratan a una persona “sin papeles”.
Por tanto, basta de culpar a los extranjeros de nuestros males y comencemos a actuar. Parece que, como en el caso del famoso carné por puntos, los infractores sólo aprenden a base de jarabe de palo. Mi propuesta para reducir notablemente el número de empleados “sin papeles” es la siguiente:
El Inmigrante que denuncie a un empresario que le haya contratado sin darle de alta en la S.S. recibirá una serie de incentivos (tras la pertinente inspección):
- Un permiso de trabajo en España por dos años, siempre que cumpla con una serie de requisitos legales (como carecer de antecedentes penales).
- La percepción de una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional por un periodo de 6 meses, prorrateando las dos pagas extras. Es decir, 4.368€ (teniendo en cuenta el SMI de 2009).
- El alta en la Seguridad Social y el abono de cotizaciones correspondientes a un periodo de 6 meses, según el convenio que regule la actividad que estuviera realizando.
- 4.000€ para que pueda establecerse en otra región (ya que en la zona donde trabajaba probablemente no consiga un empleo al quedar marcado como “indeseable”).
Como se verá más adelante, todas estas cantidades serán abonadas por el empresario estafador.
Por su parte, el empresario explotador (en caso de ser encontrado culpable):
- Será sometido a una inspección en profundidad tanto por Hacienda como por la Seguridad Social.Dicha inpección se repetirá en los cinco años siguientes.
- Tendrá soportar la carga económica derivada de los incentivos percibidos por el inmigrante que le denunció, multiplicadas por el número de trabajadores que tenga en situación irregular. También tendrá que abonar los gastos originados por las las inspecciones a las que será sometido en años sucesivos.
- Deberá prestar servicios a la comunidad, en fines de semana, con el objeto de reparar parte del daño hecho a la sociedad. También deberá asistir a un curso donde se le enseñen valores democráticos y ética empresarial.
- Si reincide, las cantidades anteriores se multiplicarán por dos. A la tercera vez, el empresario será acusado de violación de los derechos humanos fundamentales y atentar contra la dignidad de las personas. Por este motivo será juzgado por la vía penal.
Estoy de acuerdo en que estas medidas tan duras pueden llegar a ser impopulares, sobre todo entre la clase empresarial. Pero claro, es más fácil poner a parir al inmigrante “sin papeles” que meter en cintura los empresarios corruptos que se están forrando a costa del deterioro de los servicios sanitarios, educativos y asistenciales.
Enlaces y referencias:
- IRPF. Wikipedia
- Embarcación 750-CP Patronera, dipolglass.com
- Carné por puntos, euroresidentes.com
- SMI, salariominimo.es
Foto:
- Mercedes SLK 350, by rumpleproofskin, under CC. license, some rights reserved
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